Quien tiene dos viviendas o más y no alquila aquellas en las que no vive, es muy probable que esté privando a alguien de un derecho.
Quien tiene muchas viviendas y vive de sus rentas está contribuyendo activamente al crecimiento de la desigualdad y a la ruptura de la cohesión social.
La vivienda se ha convertido en el mayor depósito de riqueza del planeta. Y en el mayor motivo de preocupación de la ciudadanía, al tratarse de una riqueza cada vez más inalcanzable para más gente. La única alternativa a la posesión de esa riqueza, el alquiler, es una fuente creciente de inestabilidad, empobrecimiento y desigualdad. «Los pactos sociales sobre los que se han construido nuestras sociedades se sustentan en una idea aspiracional del progreso, según la cual cada generación vivirá mejor que la anterior». Pero ese pacto se ha roto. El Estado, con gobiernos de todo signo ideológico, ha demostrado su incapacidad para garantizar las condiciones materiales que mantienen unida a la sociedad. Y la vivienda es una de las mayores grietas por las que se fractura la paz social y de la que emergen la confrontación, la exclusión y el odio de los que se alimenta la extrema derecha.
«El rumbo de la economía se está separando del rumbo de la sociedad. Durante gran parte del siglo XX, el crecimiento económico impulsó y expandió la prosperidad material, pero hemos entrado en un modelo en el que la estabilidad macroeconómica ya no genera bienestar, sino que lo erosiona. Este desplazamiento marca el paso hacia el capitalismo rentista». Un modelo económico en el que el patrimonio jerarquiza a la sociedad, en el que heredar es la forma más eficaz, a menudo la única forma, de poseer riqueza. Un modelo en el que la riqueza y la posición dependen de lo que se posee y no de lo que se produce o se genera. Un modelo de castas estancas y rígidas, más parecido al modelo del siglo XIX que al del siglo XX. En este modelo, la vivienda ocupa un lugar estructural, ya que es el principal vehículo de acumulación patrimonial.
Este modelo rentista es parasitario por naturaleza. Ya lo dijeron Adam Smith, Stuart Mill o John Maynard Keynes. La renta es una ganancia injustificada, una apropiación pasiva del valor generado por otros que desplaza los recursos de la mayoría hacia unos pocos privilegiados, erosiona los salarios, encarece la vida y convierte una necesidad básica como la vivienda en una fuente permanente de extracción. Y es el resultado de un proyecto político que lleva medio siglo apostando por la desposesión masiva de la clase trabajadora, la privatización de servicios públicos, el ensalzamiento del individuo y su capacidad competitiva en detrimento de los derechos colectivos y la subordinación del bienestar colectivo a la rentabilidad de los mercados. Y que, cuando estalló la crisis económica de 2008, reaccionó rescatando a los mercados mientras dejaban a la población a la intemperie (en miles de casos, literalmente a la intemperie). Desde entonces, «el crédito dejó de dirigirse masivamente a los hogares para concentrarse en los mercados financieros. Una avalancha de liquidez se canalizó hacia fondos de inversión y élites patrimoniales que aprovecharon la crisis para adquirir vivienda a gran escala. Así, la demanda residencial fue desplazada por una demanda especulativa, globalizada y orientada a la renta. El resultado fue una creciente concentración de la propiedad y la exclusión progresiva de las mayorías».
Nos dirigimos a niveles de desigualdad que no veíamos desde el siglo XIX. El patrimonio crece muchísimo más rápido que los ingresos del trabajo. ¿Queremos de verdad vivir en una sociedad en la que la herencia determina las oportunidades vitales, la salud e incluso la esperanza de vida? ¿Queremos que la vivienda, uno de los derechos más esenciales y básicos del ser humano, sin el cual no hay vida digna posible, sea un bien de mercado que define la creciente desigualdad?
La desigualdad provocada por el acceso a la vivienda es una emergencia global. Como con la crisis climática, los políticos miran hacia otro lado. ¿Cuánto dolor de cuántos millones de personas hace falta para que les hagamos abrir los ojos y mirar este problema de frente?
Javier Gil defiende en este libro que garantizar el derecho a una vivienda requiere limitar el derecho a especular con ella, y ofrece propuestas de cambio concretas y factibles para resolver el problema. Según recientes encuestas, existe una mayoría social, incluso en simpatizantes de partidos de derechas, que están de acuerdo. Solo falta voluntad política. Si la vivienda es un derecho porque sin ella no se puede vivir, si es un derecho recogido en la Constitución y reconocido por una amplia mayoría, debería entenderse como una infraestructura social comparable al transporte público o a la sanidad pública. El Estado puede garantizar vivienda para todos de la misma forma que sanidad, educación y transporte para todos. Si es posible endeudarse para rescatar bancos o comprar armas, también es posible para crear vivienda pública y cumplir la Constitución convirtiéndola en un derecho real.
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